TARIJA | TED ACLARA QUE NO LE CORRESPONDE DEFINIR SI EL ESTADO DE EXCEPCIÓN RESTRINGE LAS ELECCIONES DEL COMITÉ CÍVICO

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija aclaró que no tiene competencia para determinar si el estado de excepción vigente restringe o impide la realización de las elecciones del Comité Cívico. La explicación surge después de que el presidente de esta institución, Jesús Gira, solicitara un pronunciamiento oficial sobre las posibles limitaciones que podría establecer el decreto supremo relacionado con esta medida excepcional.

La vicepresidenta del TED Tarija, Adriana Flores, explicó que la institución electoral no puede definir las restricciones ni las autorizaciones contempladas en el decreto supremo. Según precisó, esta atribución corresponde al Ministerio de Gobierno, instancia a la que compete establecer los alcances de las disposiciones vinculadas al estado de excepción.

La consulta del Comité Cívico surge en medio de las gestiones relacionadas con la organización de sus próximos comicios internos. La intención de conocer los alcances de la medida busca establecer si existen disposiciones que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral de la institución cívica y qué procedimientos deben seguirse para garantizar su realización dentro del marco normativo correspondiente.

Por otra parte, Flores aclaró que el TED tampoco puede intervenir directamente como veedor de estas elecciones sin que se cumplan los procedimientos establecidos. En ese sentido, indicó que el Comité Cívico debe presentar una solicitud formal si requiere la supervisión del proceso por parte del órgano electoral departamental.

La autoridad señaló que, para acceder a este acompañamiento, la institución solicitante deberá cumplir con los requisitos y procedimientos correspondientes. Esto implica que la participación del TED no es automática, sino que debe ajustarse a las disposiciones que regulan este tipo de solicitudes.

De esta manera, el TED Tarija delimitó sus competencias frente a la consulta planteada por el Comité Cívico y señaló que la interpretación de las restricciones establecidas en el decreto supremo debe ser realizada por la instancia gubernamental correspondiente. Mientras tanto, cualquier requerimiento de supervisión electoral deberá seguir los canales formales establecidos por el órgano electoral.

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